Falta de educación inclusiva en los colegios privados de Capital Federal

"Estimados, lamentamos informarles que su hijo no ha sido admitido en nuestra institución…" fue la respuesta que recibió Estela Mastroliberti por parte de diferentes escuelas privadas de Capital Federal a la solicitud de ingreso para su hijo.

—Estábamos desesperados, no querían aceptar a mi hijo Luciano por su discapacidad—dijo Estela con frustración.

Harta de la situación, de escuchar las mismas palabras una y otra vez, junto a su marido Darío decidieron enviar a su pequeño a un colegio común público, porque este no podía objetar su admisión.

Según un estudio realizado en 2020 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, de ahora en más ACIJ, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 42,23% de los alumnos con discapacidad son enviados a los colegios especiales, mientras el 57,68% asisten a institutos comunes. Si bien cada niño, niña o adolescente con discapacidad representa un caso particular que debe ser analizado para su admisión en escuelas comunes, la educación inclusiva consiste en que las instituciones educativas se transformen en un espacio de igualdad y diversidad.

Actualmente en nuestro país existen leyes nacionales y políticas públicas que garantizan la inclusión escolar de niños como Luciano y protegen sus derechos para evitar la discriminación por parte de las escuelas.

Por un lado, la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece que no se admite ninguna discriminación fundada en la capacidad especial del menor. Por el otro, la ley 26.206 de educación nacional dice que "Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: [...] Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos."

Además, en el sistema jurídico argentino la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene jerarquía constitucional. Para garantizar su aplicación, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (órgano supervisor) estableció que enviar a los estudiantes a escuelas especiales o permitir su asistencia a colegios comunes pero sin implementar cambios que aseguren su aprendizaje y participación es discriminación.

No obstante, las instituciones educativas privadas que consultaron Estela y Darío hicieron caso omiso al marco legal que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Pero, ¿cuántos casos hay como los de Luciano?

Agostina Quiroz, abogada y miembro del equipo de discapacidad de la ACIJ, nos comentó sobre el amparo colectivo liderado por la Asociación contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual varias familias denuncian situaciones similares a la de Estela y Darío.

—Lo que sucedió es que les negaban sistemáticamente las matrículas a niños y niñas con discapacidad, especialmente en CABA, excusándose con que había más vacantes cuando claramente había un trasfondo que no se les decía a los padres de esos chicos y chicas—y luego de una breve pausa continuó—Entonces, iniciamos una demanda para justamente frenar esa discriminación e interponer algún tipo de mecanismo que pudiera monitorear estas situaciones. Incluso, en términos más jurídicos, si bien es una causa que tiene testimonios específicos de personas que sufrieron discriminación, lo que buscó era generar efectos más generales. Por eso, lo que se resolvió en ese fallo fueron políticas públicas, es decir, se tiene que asegurar un sistema en donde la exclusión sea más protocolizada y no se discrimine a ningún niño o niña por su discapacidad.

Esta sentencia dictaminada en 2021 dio pie a nuevas medidas en favor de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad: se estableció un procedimiento de denuncias que, en palabras de Agostina, funciona.

Esta política consiste en canales de denuncia para que cualquier persona pueda llamar en caso de que se le niegue una vacante o sospechen una discriminación contra los niños y niñas con discapacidad. Este proceso implica una gestión administrativa y, en caso de corresponder, puede concluir en una sanción.

Aunque la resolución de este amparo fue efectiva, la discriminación que sufren los niños, niñas y adolescentes sigue siendo una realidad.

Cuando le preguntamos a Agostina cuáles son las barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidad, nos dijo lo siguiente:

—Si bien la causa de 2019 habla sobre la negación de una matrícula, existen un montón de barreras que afectan a los niños y niñas con discapacidad. Por ejemplo la parte edilicia, el hecho de que tengan rampas o, si hay un chico o chica con discapacidad en el curso, que tengan un aula en el primer piso. También están los temas comunicacionales que son importantes. Por ejemplo, niños o niñas que requieren lenguaje de señas, otros que necesitan la letra más grande, algunos que se comunican con pictogramas, etc. Entonces, no solo está el conflicto en lo edilicio o comunicación, sino que se necesita más para hacer de la educación más accesible e inclusiva.

Otro ejemplo sobre los obstáculos que sufren los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son la derivación a escuelas especiales y la falta de personal de apoyo a la inclusión. Así mismo nos explicó Vanesa Pomba, licenciada en terapia ocupacional:

—Si un chico o chica con discapacidad tiene un bajo nivel cognitivo, un instituto educativo común no está preparado para asistirlo; por eso, existen las escuelas especiales y los centros educativos terapéuticos (CET) que poseen la estructura y personal capacitado para trabajar con personas con discapacidad. Igualmente, reitero, todo depende de las necesidades individuales de cada niño o niña, es decir, la discapacidad que tengan—y luego agregó en relación al conflicto con el personal de apoyo—Las maestras integradoras son esenciales, ya sea por una discapacidad física (para ayudar a movilizarlo u organización corporal) y mental. Por ejemplo, si un chico tiene convulsiones, el acompañante o maestra tiene las herramientas necesarias para asistirlo, o si tiene problemas para socializar con sus compañeros, se le ayuda a resolver esta dificultad. Entonces, la maestra integradora o acompañante son dos profesionales que están capacitados para acompañar, acorde a las necesidades del niño o niña, para poder maximizar su desempeño en la escuela.

A su vez, también nos comentó cuál creía era el motivo de la falta de inclusión en los colegios:

—Para mí, una de las principales causas es la falta de información y el miedo a lo desconocido. Aunque hoy en día la discapacidad sea una realidad, los colegios no dejan de ser un negocio y muchas veces cuando llegan niños o niñas disruptivos buscan sacarse ese "problema" de encima. Me parece también que los institutos educativos comunes no están preparados para tener niños o niñas con discapacidad. Falta un largo trabajo, desde enseñar o capacitar a todo el personal del colegio, tener mejores sueldos para las/os acompañantes y maestras integradoras hasta generar en cada escuela un equipo propio de profesionales capacitados para trabajar con chicos o chicas con discapacidad—y sumó—Hoy en día hay un montón de chicos que están sin acompañante y les falta eso para poder acceder a su derecho a la educación en tiempo y forma, porque necesitan de su ayuda. Por eso, creo que tenemos que mejorar como sociedad las prioridades, porque la discapacidad no está en agenda del Estado.

Por lo tanto, el trasfondo de esta situación es más compleja y va más allá de admitir o no admitir el niño o niña con discapacidad.

Los colegios privados, como por ejemplo el Nuevo Sol y Mallinckrodt, no tienen una infraestructura adecuada para admitir a menores con discapacidad, como tampoco al personal capacitado para enseñar a niños y niños con esa condición. Como así lo establece el amparo "DEFENSORÍA DE MENORES E INCAPACES N 6 Y OTROS c/ COLEGIO MALLINCKRODT HERMANAS DE LA CARIDAD CRISTIANA HIJAS DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA s/AMPARO" y nos comentó el docente Juan Pablo Rabinovich, profesor de educación física de la escuela Nuevo Sol:

—La escuela de Nuevo Sol no tiene las condiciones necesarias, por ejemplo, la estructura es de 5 pisos por escalera, no hay ascensor. Entonces, una persona que está en silla de ruedas o tiene una discapacidad física no va a poder acceder a las aulas.

Como se ve, el caso de Estela y Darío con su hijo Luciano no es aislado, sucede en gran parte de nuestro territorio argentino, como se visualiza en el informe de la ACIJ sobre la segregación en escuela especial, los 2 amparos que denuncian situaciones similares, testimonios de especialistas y docentes de instituciones educativas privadas.

En conclusión, para lograr una educación inclusiva se necesita una infraestructura adecuada, que comprenda la diversidad de discapacidades que existen; personal docente capacitado para enseñar a menores con esa condición; y presencia constante de las maestras integradoras para lograr un buen desempeño y desarrollo académico del alumno.